En Reino Unido se ha aprobado una ley por la que a los nacidos a partir del día 1 de enero de 2009 se les prohibirá comprar tabaco. ¿Sí / No? ¿Es una buena medida para disminuir el tabaquismo y proteger la salud?
Es una realidad indiscutible que fumar tabaco causa la muerte de más de ocho millones de personas al año en el mundo (alrededor de 60.000 en España). El Estado tiene el deber de garantizar la salud pública y proteger la salud de los ciudadanos. Por lo que algunas personas y asociaciones que luchan contra el tabaquismo, pueden pensar que prohibir el consumo de tabaco es una opción beneficiosa para proteger la salud y conseguir nuevas generaciones de personas libres del humo del tabaco.
Sobre el papel podría parecer interesante, pero existen varias realidades que obligan a reconsiderar esta posibilidad.
- En primer lugar, está el derecho individual a decidir cómo vivimos, siempre que no se dañe la salud o las libertades de otros. Conculcar este derecho sería un paso más hacia una sociedad tutelada, donde unos pocos, los más poderosos, deciden las libertades de los demás, y ya estamos avanzando demasiado en este camino.
- Por otra parte, se ha comprobado que prohibir no es una buena solución, al menos no lo fue con la ley seca contra el alcohol, y en la actualidad tenemos la evidencia de que drogas como el cannabis, cocaína, anfetaminas, etc., no están permitidas, pero en la práctica amplias capas de la población las consumen, siendo la lucha contra el narcotráfico uno de los problemas más importantes de la sociedad.
- Así mismo, cabe preguntarse si con los mismos o parecidos argumentos, ¿estaríamos dispuestos a prohibir también el consumo de bebidas alcohólicas?, las cuales son masivamente consumidas y causan muchos más daños ajenos que el tabaco, fundamentalmente a la familia y a la Sociedad, por accidentes, absentismo laboral, delitos, etc.
Tomar este tipo de decisiones podría generar efectos opuestos a los pretendidos, creando así una cortina de humo que desplaza el foco de atención de lo verdaderamente primordial: la salud. No se puede subestimar que, en este mundo tan poco inocente, es muy posible que los intereses económicos de unos y políticos de otros, utilicen todos los medios a su alcance, incluso falseando datos y torciendo voluntades, para crear la suficiente confusión en defensa de lo que a ellos les convenga.
Por estas razones, leyes tan importantes, si no están basadas en argumentos científicos que demuestren su eficacia y si, además, no han sido ampliamente consensuadas social y políticamente, están destinadas al fracaso y se convierten en “munición” de unos contra otros. En este sentido ya tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, dónde en 2022 se aprobó una ley para prohibir la venta de tabaco a generaciones futuras, que ha sido derogada cuando ha cambiado el partido en el poder.
En España fuma aproximadamente el 25% de la población, mientras en los países más avanzados de nuestro entorno como el Reino Unido, Dinamarca o Bélgica, la prevalencia de fumadores es de alrededor del 12%, incluso, en Suecia es de menos del 5%. Lo que lleva a pensar que aquí no se ha hecho lo suficiente para conseguir disminuir el tabaquismo. Por eso, antes de que se puedan plantear alternativas que parecen de muy dudosa eficacia y que limitan la libertad individual, se podrían centrar los esfuerzos en aquellas medidas que han demostrado ampliamente su utilidad. Entre las que se pueden destacar:
- Campañas masivas y sostenidas de información. El conocimiento aumenta la capacidad de decisión.
- Empaquetado genérico. El empaquetado neutro disminuye el consumo un 15% en un año.
- Limitación de los espacios en los que está permitido fumar, para respetar el derecho de los no fumadores a no inhalar el humo del tabaco ajeno.
- Dejar de dar subvenciones al cultivo del tabaco. 22 millones de euros en 2023.
- Aumentar los impuestos al tabaco. Lo hace menos asequible, desalienta el inicio del consumo y fomenta el abandono. Además, en la actualidad, los costes derivados del consumo de tabaco (en salud, bajas laborales y disminución del rendimiento laboral), son más del doble de lo recaudado con los impuestos que pagan los fumadores.
- Implementar programas de deshabituación y financiar ampliamente, sin restricciones, los tratamientos farmacológicos de los fumadores.
- Favorecer la sustitución del tabaco de combustión por alternativas menos dañinas (cigarrillos electrónicos o nicotina) para aquellos fumadores que no quieran dejar de fumar o no consigan abandonar el consumo de tabaco de combustión.
La salud pública lo agradecerá, es más eficaz y económicamente mucho más rentable.
Dr. García Basterrechea
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia
Especialista en Medicina Interna por la Universidad de Murcia